EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA

EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA

Es, en primer lugar un problema de concepto. Según los articulistas neoliberales de la mayoría de los digitales, las pensiones son de reparto. Insisten en ello una y otra vez, todos los días, todas las semanas, llevan haciéndolo años enteros. El sistema que permite sostener las pensiones es de reparto. Todo el mundo que lee, que se informa lo asimila como una píldora intragable, es imposible sustraerse al sermón perpetuo, a la machacona insistencia, se lo han repetido hasta la saciedad, hasta el hartazgo: el sistema de pensiones es de reparto.

Esto es discutible. Una cosa es el sistema público de pensiones y otra la financiación del sistema de pensiones. Los profetas de lo ultraliberal cuentan y nunca acaban que las pensiones se financian a través de las cotizaciones empresariales, dicho de otra forma; se reparte entre los pensionistas actuales lo que generan con su trabajo y cotización correspondiente empresas en funcionamiento y trabajadores en activo.

A continuación hacen la cuenta de la vieja, los ingresos por cotizaciones son X y los gastos por pensiones son Y, si X es menor que Y entonces el sistema está en quiebra y hay que hacer algo urgentemente.

Ahora bien. Pregunta: ¿desde cuándo el sistema de financiación de las pensiones es de reparto? Todo el mundo sabe o si no lo sabe no tiene más que preguntar a pensionistas actuales que hubo un tiempo no lejano en que los ingresos X por cotizaciones eran extraordinariamente elevados y los gastos Y por pensiones eran casi inexistentes. Es decir que si ahora hay un pensionista y medio por trabajador en activo en aquellos momentos, primeras décadas del sistema de protección social y de pensiones, había lo menos mil trabajadores por cada jubilado pensionista. No se conoce a nadie que dijera entonces que el sistema era de reparto. Nuestros actuales economistas de guardia no dicen ni media palabra acerca de la cuestión.

Por tanto y en segundo lugar. El sistema público de pensiones es un singular contrato de seguro en el que una de las partes, el Estado, se compromete a sufragar económicamente y a partir de cierta edad, si se han cumplido determinados requisitos, tiempo de cotización, cantidades cotizadas, etc. la situación de vejez (como contingencia protegida) durante el resto de la vida del jubilado.

En tercer lugar. Durante años se han ido incorporando al sistema de protección pública de vejez (pensiones de jubilación), numerosos colectivos que no cuentan con cotizaciones anteriores, pensiones no contributivas. Esto significa que el sistema ha estado asumiendo sistemáticamente cargas crecientes en cuanto a gastos por este concepto.

Cuarto. Evidentemente estamos en la fase más costosa económicamente de la pirámide poblacional, es decir, aquella en la que los nacidos durante los años del llamado “baby Boom”, sobre los años 60 70 están llegando a la edad de jubilación con lo que el gasto está aumentando anualmente.

Quinto. Sin embargo, las medidas de recorte que se llevan incorporando al sistema; entre ellas: el alargamiento de los años de cotización necesarios para acceder a la pensión por vejez, el recorte de los máximos correspondientes a la base reguladora final que ya no se corresponde en absoluto con la cotización máxima por salario percibido. El hecho de que los trabajadores enviados al desempleo en las últimas décadas y con derecho a percibir pensión anticipada, están ya disminuyendo. Y esto último, simplemente, porque ya no quedan empresas, todas han sido liquidadas y los últimos asalariados despedidos. Ahora solo quedan chiringuitos empresariales.

Todas estas consideraciones anteriores nos llevan a concluir que estamos ya en la parte descendente de la curva estadística del gasto por pensiones. Sería deseable que de una vez por todas, los economistas de la cosa ultraliberal contratados para trompetear diariamente la consigna del famoso sistema de reparto y sus consecuencias, dejaran de dar la murga y se fueran a trabajar en las complicadas compras y ventas en bolsa de las que tanto saben, o dicen que saben.

Y otra consideración final. El gasto por funcionarios, el gasto por empleado público, el gasto por subvención a ONGs, asociacines de todo tipo, el gasto por el mantenimiento artificial de una insoportable sistema autonómico, el gasto por el mantenimiento de la Casa del Rey, el gasto por partidos políticos y sindicatos, el gasto por diputados de todos color y pelaje. ¿Es de reparto?